"El presidente reafirma que no ha habido (negociación con las pandillas) y este es un debate que ya debe quedar concluido", dijo tajante el presidente Mauricio Funes, esta mañana en rueda de prensa.
El mandatario, que tenía ya más de dos semanas sin aparecer en público, reiteró los discursos de su ministro de Justicia y Seguridad Pública, David Munguía Payés, y el capellán castrense, Monseñor Fabio Colindres: el pacto ha sido entre pandillas y ese pacto ha logrado reducir el promedio de homicidios diarios de 14 a 4.7, por medio de la intervención de la Iglesia Católica.
Funes, sin embargo, reconoció que "este entendimiento" no resuelve el problema, debido a que no incluye reducción ni mucho menos la supresión de extorsiones ni narcomenudeo, que son las principales fuentes de ingreso y de financiamiento de las pandillas.
Para Funes, desarticular las estructuras de las pandillas, al servicio del narcotráfico y el crimen organizado, es la única solución para erradicar la violencia y la delincuencia.
En ese sentido, aseguró que en los próximos días hará un llamado a todas las fuerzas activas del país; las va a convocar, dijo, a la "construcción de un acuerdo nacional que garantice la erradicación progresiva de violencia e inseguridad en el país, que inicie con un accionar inmediato de erradicar la exclusión social en las zonas urbanas y rurales que son de donde las pandillas se nutren".
Según el mandatario, esta nueva mesa de diálogo o discusión "no es el inicio de un proceso de negociación". No obstante, reconoció que el Gobierno deberá poner en la mesa recursos para ofrecer oportunidades de reinserción a los pandilleros, ya que afirmó que conoce solo a tres empresas que contratan a pandilleros rehabilitados, porque el resto tiene "prejuicios".
Noticias de La prensa Grafica:
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El presidente de la República, Mauricio Funes, dijo ayer que su gobierno no ha negociado una reducción de homicidios con las dos principales pandillas del país, pero que sí facilitó la logística para que la Iglesia católica dialogara con ellas y mediara en el pacto de no agresión entre pandilleros.
La logística, como la llamó Funes, consistió en el traslado de 30 jefes de pandillas desde el reclusorio de máxima seguridad en Zacatecoluca, La Paz, hacia cuatros cárceles con menores controles: Ciudad Barrios, Cojutepeque, Izalco y Quezaltepeque. El 10 de marzo, un día después de esos traslados, los homicidios comenzaron a disminuir: el promedio pasó de 14 a nueve asesinatos por día.
Funes repitió que a las facilidades que dio el Gobierno para los traslados no se les puede llamar negociación. Y reconoció que la supuesta tregua entre pandillas no resuelve los problemas de delincuencia del país. La solución, según el presidente, es un acuerdo nacional para erradicar la violencia.
“Es preciso que los diferentes sectores del país, las fuerzas vivas del país a escala económica, política y social nos involucremos en la búsqueda en una solución a este problema. El Gobierno aprovecha esta oportunidad para convocar a la construcción de un acuerdo nacional que garantice la erradicación progresiva y definitiva de la violencia y la inseguridad en nuestro país”, pidió el funcionario.
Las extorsiones se han mantenido después de los traslados, según las estadísticas de la Fiscalía General de la República y las denuncias de las gremiales del transporte público del país.
El Gobierno es consciente, según el presidente, de que las pandillas han acordado dejar de atacarse entre sí, pero que seguirán extorsionando. Por eso habló de la necesidad de desarticularlas.
“El entendimiento entre las pandillas que logró la Iglesia católica deja intactas las extorsiones y el narcomenudeo, que son consideradas las dos principales fuentes de ingreso de las pandillas y una causa también de homicidios en el país. Tenemos, por lo tanto, que desarticular a las pandillas”, declaró, en sintonía con lo recomendado un día antes, en su visita al país, por la subsecretaria de Seguridad Ciudadana de Estados Unidos, María Otero.
Funes admitió que los traslados permitieron que los cabecillas retomaran el control de sus pandillas, pero, según él, “no para seguir cometiendo delitos, sino que para garantizar que la orden (de no asesinar a miembros de la pandilla contraria) se haga efectiva”.
Los líderes ahora conviven con sus pandillas en penales donde es más fácil tener acceso a celulares, dinero y droga. Para el presidente estas no son concesiones para ellos ni significa que les hayan facilitado las condiciones para reorganizarse.
“En ningún momento el traslado de reos se hizo con el propósito de fortalecer esas estructuras y con eso (el traslado) les estamos dando mayor efectividad en el terreno. No, porque los estamos golpeando en el terreno”, defendió el presidente.
Funes descargó en la Iglesia católica la garantías de que traslados no sirvan para cometer ilícitos: “Ustedes podrán decir ‘¿y qué garantías hay de que cuando estos trasladan la orden de no asesinarse, no aprovechen para trasladar otro tipo de órdenes?’ Ninguna, pero esa es la intervención de la Iglesia católica”.
¿Qué hará el Gobierno para frenar las extorsiones desde los penales ahora que los cabecillas recuperaron el control de sus pandillas? se le preguntó a Funes. “La única manera de solucionar el problema de las pandillas es que hagamos un cambio de modelo económico y social en el país, donde la obtención de ingresos no sea privativa de un pequeño grupo. Es un cambio de modelo que se está planteando. Los pandilleros tienen derecho a trabajar, derecho a educación, a salud”, insistió.
Funes dijo que los medios de comunicación no deben referirse a los traslados y a la disminución de homicidios como “una supuesta negociación” entre Gobierno y pandillas porque, a su juicio, el ministro de Seguridad, David Munguía Payés, “ha sido muy claro” en justificar la coincidencia.
El ministro había dado tres versiones distintas sobre los traslados. Hace dos semanas dijo que los homicidios habían bajado de forma repentina porque había más arrestos y más operativos, tesis que fue repetida ayer por el presidente. También había dicho que los traslados se dieron por razones humanitarias y por temor a una fuga de la cárcel de máxima seguridad. Fue hasta este lunes que mencionó una supuesta tregua mediada por el obispo castrense, Fabio Colindres, y Raúl Mijango.
Funes, que se esmeró en marcar distancia de la mediación que hizo la iglesia, aportó un nuevo dato: las pandillas también aceptaron dejar de matar a militares y policías.
Noticia del Diario digital Contra punto:
El presidente plantea aprovechar la tregua de las pandillas para poner de acuerdo al país y atacar las causas estructurales de la delincuencia
Por Fernando de Dios
Foto: Capres
SAN SALVADOR – “El gobierno de la República no ha negociado ni negocia ni va a negociar con ninguna de las pandillas existentes en el país. El gobierno solo acompañó el esfuerzo de la Iglesia Católica para alcanzar un entendimiento entre los líderes de las pandillas y facilitó el trabajo de la Iglesia Católica al autorizar el traslado de los reos del penal de máxima seguridad a otros recintos carcelarios”.
Con estas palabras abrió el presidente Mauricio Funes este miércoles una rueda de prensa que se producía tras 17 días de incomparecencia ante los medios; días en los que, entre otras cosas, se ha dado a conocer un acuerdo entre las dos principales pandillas del país, la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 que supone una tregua entre ambas y que ha producido una bajada de la media de asesinatos diarios de 14 a cinco.
El presidente enfatizó en repetidas ocasiones y ante la insistencia de la prensa que no ha habido ninguna negociación con los líderes de la pandillas.
Por otra parte, destacó que esta situación, unida a los operativos policiales, está dando resultados en cuanto a la reducción drástica del número de homicidios.
No obstante, reiteró que con este acuerdo entre las pandillas no se soluciona el problema, por lo que convocó a un acuerdo nacional para remover los problemas estructurales que están a la base de la delincuencia, con el objetivo de crear las condiciones que permitan acabar paulatinamente con otros delitos, principalmente las extorsiones y el narcomenudeo, principales fuentes de financiación de las pandillas, según el análisis del presidente.
“El gobierno de la República aprovecha esta oportunidad para convocar a la construcción de un acuerdo nacional que garantice la erradicación progresiva y definitiva de la violencia y la inseguridad en nuestro país”, anunció Funes.
Es necesario un cambio de modelo
En los últimos meses, con los cambios en la cúpula de la seguridad pública, el discurso dominante había pasado a ser eminentemente represivo. Parecía haberse abandonado definitivamente la idea de que la prevención será la que verdaderamente solucionará el problema de delincuencia para privilegiar el combate frontal centrado en las pandillas.
Pero al parecer, por lo dicho este miércoles por el presidente, el enfoque preventivo integral vuelve a estar en el centro de la estrategia, o al menos ese es el objetivo que Funes pone para ese acuerdo nacional al que llamó a distintos sectores del país.
Una vez mitigado el problema de los homicidios con la tregua acordada entre los líderes de las pandillas, se evidencia que hay que atacar sus fuentes de financiación, pero también, principalmente, las razones por las que los jóvenes acuden a tales actividades para ganar dinero y para mantener a sus familias, según el presidente.
“Tenemos por lo tanto que desarticular a las pandillas y para ello estamos convencidos de que no basta la tarea represiva, eso bien lo sabemos. Es preciso entonces darle una dimensión nacional a nuestros esfuerzos (…) Y cuando hablo de una dimensión nacional me estoy refiriendo a que ahora es preciso que los diferentes sectores del país, las fuerzas vivas del país a nivel económico, político y social nos involucremos en la búsqueda de una solución a este problema”, dijo Funes.
Y fue muy explícito sobre su idea de hacia dónde debe dirigirse esa búsqueda.
“Propongo como presidente de la República que este acuerdo nacional inicie con la atención inmediata de un problema social que está a la base del accionar delincuencial de las pandillas, que es la exclusión social y la falta de oportunidades de empleo, educación, salud, recreación para la juventud salvadoreña, especialmente para los jóvenes que habitan en las zonas urbanas y rurales más pobres del país que son las zonas de donde las pandillas se nutren”, añadió.
A ese acuerdo convocó al sector privado, a los partidos políticos, a representantes de las iglesias, de la academia y de las organizaciones sociales y sindicatos, “para que de manera conjunta podamos definir la metodología de trabajo, el calendario y los contenidos de este gran acuerdo nacional”.
Funes fue enfático al repetir que las condiciones de exclusión social son las que han profundizado el problema de la delincuencia, unido a la desidia y las políticas económicas de gobiernos anteriores.
El gobierno pondrá sobre la mesa sus programas sociales, los que están siendo desarrollados en los municipios más pobres del país, para que sobre esa base se discutan mecanismos para potenciarlos o para articular otros. Para ello, dijo Funes, habrá que aportar recursos, pues sin dinero no se puede hacer nada, y menos un programa integral de esa envergadura.
“Debemos de lograr un entendimiento nacional, pongámonos de acuerdo; hay propuestas de los empresarios que son válidas, hay propuestas de los partidos políticos que son válidas, discutámoslas y veamos cuales son viables y cuales nos permiten reducir el problema”, reiteró.
“Los pandilleros tienen derecho a trabajar, tienen derecho a educación, tienen derecho a salud; los que han cometido delitos, tienen que ser juzgados, y por eso es que los capturamos y los llevamos a la cárcel”, afirmó.
Y añadió que “si les quitamos a las pandillas el leit motiv de su organización criminal y de su funcionamiento como es obtener dinero a través de la renta, del renteo y del narcomenudeo, las pandillas no tienen razón de ser; entonces eso es lo que queremos poner sobre la mesa, eso es lo que queremos discutir, esa es la convocatoria que yo estoy haciendo”.
Por tanto, el presidente planteó que el acuerdo nacional debe tener como objetivo final un cambio en el modelo de acumulación en el país, para que las causas estructurales de la delincuencia sean removidas de una vez por todas.
“En el fondo lo que estamos planteando es que la única manera de solucionar el problema de las pandillas es que hagamos un cambio de modelo económico y social en el país, donde la obtención de ingresos no sea privativa de un pequeño grupo y donde la rentabilidad más alta no la obtengan aquellos empresarios que gozan del respaldo del gobierno para hacer negocios”, concluyó.
El gobierno solo ha puesto la logística
La negación reiterada de una negociación con las pandillas por parte del gobierno tropieza con el hecho de que el traslado de los líderes de las mismas desde el penal de Zacatecoluca a otros penales en los que se pueden comunicar más fácilmente con sus subalternos es una decisión y una acción llevada a cabo por el gobierno.
Funes contó que desde un primer momento el arzobispo castrense Monseñor Fabio Colindres informó al ministro de Justicia y Seguridad Pública, David Munguía Payés, de que había una posibilidad de entendimiento entre las dos principales pandillas y que la Iglesia Católica iba a realizar un esfuerzo de mediación para que se pudiera convertir en una realidad.
Una vez que Monseñor Colindres comunicó al gobierno que se había llegado a un acuerdo entre los líderes de las pandillas, Funes explicó que “para operativizar este compromiso que adquieren estos líderes pandilleriles con la Iglesia Católica, no con el gobierno, sino que con la Iglesia Católica, había necesidad de trasladarlos desde el recinto de Zacatecoluca a otros centros penales”.
Por lo tanto, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública dispuso la “logística necesaria”, con lo que los líderes de las pandillas fueron trasladados en un operativo respaldado por la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada para que pudieran trasladar a las estructuras en el terreno su decisión de parar los asesinatos entre ellos.
En ese proceso, el presidente aseguró que no se violó ninguna ley, sino que se realizó dentro de lo que dispone la normativa penitenciaria y con el consentimiento de un juez penitenciario.
“No hemos flexibilizado las condiciones de seguridad ni hemos hecho concesiones a los pandilleros”, dijo, y añadió que éstos siguen presos purgando sus penas.
En cuanto a las garantías que existen para la sostenibilidad de la situación, el mandatario libró al gobierno de esa responsabilidad, pues no es el responsable de las negociaciones ni del acuerdo.
“Garantías de qué, si el gobierno no ha negociado. Quien ha logrado este entendimiento es la Iglesia Católica y lo ha facilitado el gobierno porque existió el compromiso que adquirieron los líderes de pandillas con la Iglesia Católica de bajar el número de homicidios y de dejarse de exterminar entre ellos. ¿Cómo van a creer ustedes que el gobierno no va a respaldar esa iniciativa de la Iglesia Católica?”, dijo el mandatario.
Continuarán operativos policiales
Según el gobierno, en lo que va de año la PNC ha detenido más de 12.000 delincuentes, el 90 por ciento de ellos pandilleros. En lo que va de mes de marzo, dijo Funes, ha sido capturados 3.575 miembros de pandillas.
Esa dinámica, afirmó el presidente, se va a mantener a pesar de la nueva situación que se ha presentado. Tras Semana Santa se pondrá en marcha la Unidad Antipandillas de la PNC, destinada a atacar las estructuras de las pandillas en el territorio.
También serán presentadas a la Asamblea Legislativa las reformas legales que han sido anunciadas durante los últimos meses y que, en palabras del ministro Munguía Payés, configurarán un “subsistema legal” destinado a agilizar los procesos judiciales contra los miembros de las pandillas.
Todo ello, lo que se ha estado haciendo, es según el presidente y el ministro una muestra de que no se ha negociado con las pandillas en ningún momento, pues las capturas continúan y los planes operativos para atacarlas también.
Por otra parte, ambos funcionarios señalan que esos esfuerzos, las capturas masivas que se están dando, son parte de la razón de que la media diaria de homicidios se haya reducido de forma tan drástica.
No obstante, lo cierto es que hasta alrededor del 10 de marzo los homicidios estuvieron rondando los 14 diarios, a pesar de las capturas.
Y esa es una de las principales preocupaciones que se escuchaban entre los periodistas tras la rueda de prensa, el hecho de que toda esta propuesta y todo este proceso, todo este llamado al acuerdo nacional hecho por el presidente para solucionar el grave problema de seguridad pública que vive el país se asienta de momento sobre arenas movedizas, descansa en algo tan frágil como un pacto de no agresión mutua entre líderes de pandillas.
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